La posesión efectiva en Chile constituye un proceso legal esencial para aquellos que heredan bienes y derechos, marcando el inicio formal de su capacidad para gestionar y disponer de la herencia recibida. De esta forma el estado mantiene un orden respecto a los bienes, generando una historia, por lo que la muerte genera una serie de efectos a nivel patrimonial.
Este trámite permite a los herederos asumir el control de los activos hereditarios, facilitando el uso, disfrute y eventual transferencia de estos bienes. La particularidad de este procedimiento radica en su adaptabilidad, dependiendo de la existencia o no de un testamento, lo que define el camino administrativo o judicial a seguir.
En cambio, si el causante dejó testamento, el proceso requiere de la intervención de un tribunal civil competente, siguiendo los lineamientos del Código de Procedimiento Civil, y necesariamente debe contar con el patrocinio de un abogado.
El trámite de posesión efectiva busca ser expedito, especialmente para herencias intestadas, estimándose una duración de 30 a 60 días para su resolución, siempre que la documentación esté correctamente completada. Los errores en el llenado del formulario pueden prolongar este período. En contraste, las herencias testadas, al involucrar trámites judiciales, suelen demorar más, extendiéndose los plazos a tres meses o más.
Frente a herencias que incluyen más deudas que bienes, la ley chilena ofrece el beneficio de inventario, permitiendo a los herederos aceptar la herencia sin asumir personalmente las deudas, limitando su responsabilidad al valor de los bienes heredados.
La posesión efectiva en Chile es un paso indispensable en la administración de herencias, representando un puente entre el fallecimiento del causante y la efectiva transferencia de bienes a los herederos. Su correcta tramitación, ajustada a los distintos escenarios testamentarios y apoyada en las herramientas legales y financieras disponibles, es fundamental para asegurar una gestión eficiente y justa de la herencia, resguardando los intereses de todas las partes involucradas.